VÁN CANELAS CAUSÓ LA TRAGEDIA DE SU JEFE | El ex Gobernador de Cochabamba es socio de los padres de la concubina infantil de Evo Morales en negocios inmobiliarios dentro el Parque Tunari. El Gobierno re-victimizó públicamente a la joven mediante un periodista extranjero adicto al sensacionalismo…
Pastor Meneses Acuña es un cerrajero de 52 años y su esposa, Florencia Chávez Camacho, es una costurera de 51. Ambos, de origen campesino, son los padres de la concubina infantil del ex presidente Evo Morales, quien cumplirá 61 años el próximo 26 de octubre; es decir que el poderoso yerno es más viejo que los mismos padres de su amada niña con un lapso de casi 10 años. A su tierna enamorada, nacida en 2001, el erotómano jefe neo-estalinista le lleva una leve diferencia de 42 años. Están amancebados desde que la chica tenía 14 años, un lustro atrás.
Según los registros del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Pastor Meneses nació en el municipio rural de Mizque el 30 de marzo de 1968 y Florencia Chávez en una comunidad indígena de Tiraque el 9 de noviembre del mismo año (Evo Morales nació en 1959). Ambos habían migrado al trópico del Chapare para dedicarse al cultivo de la hoja de coca y allí se conocieron procreando tres hijas; la menor de las cuales —nada menos que la menor— es la concubina de Evo Morales desde el año 2015.
A inicios de la década pasada, Pastor y Florencia partieron del Chapare a la ciudad de Cochabamba junto a miles de cocaleros militantes del MAS que se desplazaron a la capital aprovechando que su partido había tomado el poder. Apoyaron activamente la candidatura del periodista paceño Iván Canelas para la Gobernación del Departamento. Luego, varios grupos de aquellos cocaleros se organizaron en “sindicatos agrarios” para dedicarse a la toma de tierras fiscales, especialmente en el Parque Nacional Tunari y otras zonas aledañas como Santiváñez, donde el loteamiento ilegal promovido activamente desde la Gobernación los enriqueció abruptamente. Fue en esa circunstancia que, por intermediación del gobernador Iván Canelas, durante un acto deportivo, Evo Morales conoció a la hija menor de los Meneses, consumándose el estupro.
Según fuentes confiables de la Gobernación de Cochabamba contactadas por Sol de Pando, Canelas recibía regularmente un diezmo “para las arcas electorales del partido” dentro el negocio de la venta ilegal de tierras con fines agrícolas y urbanizantes en el área protegida del Parque Tunari. Aprovechando el enamoramiento de Evo Morales con la hija menor de los Meneses, el Gobernador estableció una relación “especial” con esta familia campesina, intensificando el negocio del tráfico de tierras para beneficio mutuo. Los Meneses son hoy prósperos nuevos ricos gracias a su sociedad con Iván Canelas y a costa de corromper a una niña en trato pervertido con un hombre sexuagenario. Trata y tráfico de personas con fines sexuales y de loteamiento, claramente.
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Indicios de trata y tráfico en un vehículo oficial de la Gobernación
De acuerdo a los datos obtenidos por Sol de Pando en la Gobernación de Cochabamba, en abril de 2018 el gobernador Iván Canelas “asignó” irregularmente un vehículo oficial del Estado para uso exclusivo de la familia Meneses. Es una vagoneta Nissan Patrol, color negro, con vidrios polarizados y placa de circulación 3151 GAH. La arbitrariedad de Canelas en aquel uso indebido de bienes del Estado llegó al extremo de contratar a un chófer también exclusivo para la familia, designando en esa función a un sobrino de Pastor Meneses llamado Jhonny Meneses Castellón. Según la investigación policial del caso, el vehículo fue utilizado para el transporte cotidiano y viajes de placer de la familia Meneses, habiéndose cambiado el color de la placa para encubrir su propiedad estatal. La familia corría con los gastos de combustible.
El domingo 12 de julio, investigadores policiales recuperaron el vehículo en un mercado del municipio rural de Tiraque, con la concubina infantil de Evo Morales y su hermana mayor a bordo, junto al chófer Jhonny Meneses.
En una carta dirigida a la Defensora del Pueblo el pasado 21 de agosto, ocultando deliberadamente su relación sentimental con Morales y sin mencionar que fue capturada dentro un vehículo oficial de la Gobernación, alegando vulneraciones a sus derechos humanos la muchacha refiere haber sido interceptada por los agentes policiales cuando ese día hacía uso familiar de la vagoneta estatal. “Fuimos a visitar a mi abuelita que es una persona de avanzada edad, para que vea y friccione la rodilla a mi hermana que le dolía mucho…”, explicó inocentemente.
Al día siguiente, el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, convocó a una conferencia de prensa revelando los primeros datos sorprendentes del entretelón corrupto. Se le confiscó el celular a la joven amante después de que había enviado a Evo Morales un mensaje de whatsaap hasta Buenos Aires, informándole al concubino sobre su detención. El celular contiene archivos —entre fotos, videos y mensajes, algunos con alto contenido sexual— que demuestran sin margen de duda la relación pedófila del líder cocalero. Se abrió una caja de pandora que ha desatado la caída trágica del autócrata narco-estalinista auto-exiliado. Se lo debe a Iván Canelas.
En declaración que publicó el periódico Los Tiempos el viernes, el viceministro de Gobierno Javier Issa anunció que el ex Gobernador será convocado a declarar para esclarecer su participación en este escabroso acontecimiento histórico. Según Issa, “Canelas habría ordenado la entrega de esa vagoneta a esta familia, no existe un documento que acredite que él haya ordenado, solamente son declaraciones de algunos funcionarios de la Gobernación quienes habrían indicado que fueron órdenes directas del entonces Gobernador”.
Canelas tiene un juicio pendiente en tribunales de Cochabamba por los incendios forestales que destruyeron el Parque Nacional Tunari debido a los “chaqueos” y desbosques con fines agrícolas e inmobiliarios, fruto de los brutales loteamientos que fomentó durante su gestión. Desapareció sórdidamente de la escena. En caso de presentarse ante la Fiscalía de Cochabamba para aclarar su responsabilidad en este enredo de uso indebido de bienes del Estado y trata de personas (se transó una vagoneta de uso oficial en un negocio que incluye a cambio la corrupción de una menor con fines sexuales), el ex Gobernador deberá ser cautelado con la correspondiente detención preventiva en una cárcel pública de máxima seguridad, pues hay riesgo de obstaculización y fuga, si es que no fugó ya.
Iván Canelas es un ex dirigente sindical de los periodistas de La Paz que llegó a Cochabamba en los años noventa, buscando recuperar dineros que su familia había depositado en la “inmobiliaria” FINSA. Atenido a sus influencias sindicales en el periodismo, terminó trabajando como asesor de imagen del propietario de aquella empresa que lavaba dineros del narcotráfico, Nelson Arévalo Páez; y posteriormente se sumó a un grupo de periodistas adulones de Evo Morales, escalando posiciones dentro la estructura partidocrática del MAS como experto arribista, hasta ser elegido Gobernador de Cochabamba bajo el padrinazgo directo de Morales, sin tener el arraigo necesario en esta tierra donde sembró su semilla de indolencia, hipocresía y corrupción.
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Los satinadores de Juan Ramón Quintana en acción
Tras ser recuperado policialmente el vehículo de la Gobernación desajenado por Canelas, las hermanas Meneses y el chófer fueron remitidos al Ministerio Público; el juez ordenó la detención domiciliaria de los aprehendidos, mientras se desarrolle la investigación por el delito de uso indebido de bienes del Estado. Ese mismo día, 14 de julio, las dos muchachas huyeron del país, aprovechando la imprudencia del juez de no ordenar custodia policial en el domicilio de las detenidas. Evo Morales las esperaba en Buenos Aires. Fugaron también los padres de las involucradas, Pastor Meneses Acuña y Florencia Chávez Camacho. (La hija y hermana mayor se halla detenida desde el 8 de julio en el Penal de Mujeres de Obrajes de La Paz, por su vinculación con el narcotraficante y dirigente cocalero Faustino Yucra que en noviembre recibió órdenes de Evo Morales para bloquear el ingreso de alimentos a las ciudades).
El viceministro Javier Issa informó que “toda la familia fue trasladada a la Argentina con la ayuda de un militar que está plenamente identificado, se trata de un capitán que será procesado internamente”, según publicó la agencia estatal de noticias ABI el 18 de agosto. “El chofer, al parecer, continúa en Bolivia”, sostuvo Issa.
Posteriormente la autoridad gubernamental amplió la información, revelando que el referido capitán “fue miembro del cuerpo de seguridad del señor Evo Morales”.
Sol de Pando sostiene la hipótesis de que la fuga de la familia Meneses a la Argentina fue un operativo militar ejecutado por oficiales aún vinculados al ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, oculto hoy en la Embajada de México. Nuestra redacción tomó contacto con el viceministro Issa para solicitarle el nombre del capitán detenido, a fin de contrastar aquel detalle con nuestra base de datos. “Estimado señor García” —nos respondió el Viceministro—, “por el momento el nombre está en reserva porque parece que son más de tres los que participaron. Le mantendré al tanto”. Confiamos en la palabra de honor del señor Issa y aguardaremos el informe oficial respectivo. Nos parece irracional que se haya propalado grotesca e ilegalmente el nombre, la identidad y la imagen de la víctima de un delito de trata sexual, violando la reserva del caso y contaminando la investigación; y se oculte la identidad del cóndor satinador que la despachó a Argentina.
Entretanto, hemos dirigido al Viceministro de Gobierno el siguiente mensaje en tono coloquial:
“En lo que respecta a los milicos, Quintana tenía preferencia por los satinadores en sus grupos operativos. Si ese capitán (y los otros) estuvo en Sanandita, es del grupo de Quintana. El que los articula es un capitán de apellido (confidencial). Si están ligados a él, se confirma que Quintana es quien maneja los asuntos sexuales de Evo Morales, ya sea con adolescentes como la hija de Achacollo o con prostitutas que el mismo Quintana traía de Brasil mediante su amante (y también de Evo) la diputada pandina Eva Humérez (futura Senadora)”.
Corrupción de una menor usando bienes del Estado
Entre los mensajes que la joven amante enviaba a Evo Morales desde el celular que ahora está en poder de la Policía Boliviana, se lee el siguiente que fue registrado el pasado 2 de junio, celebrando el quinto aniversario de su relación: “Amor. El mejor día de mi vida fue aquel en el que tú y yo nos hicimos novios, aquel día 24 cuando le juré a mi corazón y al tuyo amor sincero por siempre”. En su inocencia destruida y su alterada sicología, su violador es «el primer y último” hombre de su vida.
No se la puede condenar a la cándida amante por su apasionamiento infantil. Es la prueba más palpable de su indudable victimización. ¿Cómo podía una adolescente que nació en la pobreza y que se crió entre cocales excedentarios, no quedar deslumbrada ante los lujos y privilegios que rodean a su poderoso amante? ¿Tiene la culpa ella que tipos como Iván Canelas o Juan Ramón Quintana hayan transado con sus ignotos padres las riquezas y comodidades que da el poder político a cambio satisfacer las compulsiones pedófilas del jefe narco-estalinista, explotándola sexualmente en la cama palaciega de la “Casa Grande del Pueblo”? La víctima ha sido corrompida por el poder perverso del Estado Plurinacional, mediante un criminal uso indebido de los bienes públicos.
Varios detalles que cursan en el expediente policial revelan que la concubina infantil de Evo Morales gozaba, a su tierna edad, de todos los privilegios de una primera dama no sólo a través del uso exclusivo, personal y familiar de un vehículo oficial de la Gobernación de Cochabamba, sino también siendo transportada en helicópteros de la FAB y en el propio avión presidencial. Realizó frecuentemente —junto a sus hermanas y otros familiares— viajes en aerolíneas comerciales dentro y fuera del país, con pasajes y viáticos pagados por el Gobierno de entonces.
Pero este grado de victimización por la vía de la corrupción de menores con el uso ilegal recursos estatales, está agravándose en los últimos días bajo el actual Gobierno, que a través de un sociópata español estrechamente vinculado al ministro fascista Arturo Murillo incurre en un uso indebido del expediente policial, haciendo escarnio de la imagen y la identidad de la mujer, violando impunemente las leyes bolivianas que protegen la identidad de las víctimas de violación, de corrupción de menores, de trata y tráfico de personas o de violencia intrafamiliar.
En el seno de la Policía Boliviana hay indignación por la forma en que el Ministro de Gobierno interfirió en la delicada investigación policial de este caso, al entregar Murillo un expediente —que debió mantenerse bajo estricta reserva hasta la conclusión de la fase investigativa— a un activista de la ultraderecha española que, a título de «investigación periodística», se apropió indebidamente del abnegado trabajo realizado por los peritos policiales del país, usurpando además el rol de los periodistas bolivianos.
Murillo está degenerando la investigación policial del caso, sacándola del ámbito estrictamente judicial hacia una lucha política que se libra en España entre los neo-fascistas del partido VOX y los neo-estalinistas de Podemos, lo cual le permitirá a Evo Morales y su corte de celestinos esgrimir su habitual discurso victimista, y salir otra vez impunes como ya sucedió en el caso de Gabriela Zapata por idénticas causas. El mal manejo informativo de este nuevo caso, en manos de un desaforado figurón español, tiende a dañar severamente la consolidación judicial de un hecho altamente sensible para los bolivianos.
Sol de Pando insiste en la renuncia de Arturo Murillo por esta y otras sobradas razones.
https://twitter.com/entrammbasaguas/status/1295739279445045249
Urge medida cautelar para proteger a la víctima del sensacionalismo mediático
Es una vergüenza para los policías y periodistas bolivianos que el expediente investigativo del caso iniciado el 12 de julio en el municipio de Tiraque, sufra el destino de exhibirse a través de las redes sociales con la “marca de agua” de un pasquín ultraderechista español. Es una apropiación indebida de un bien estatal, como es una investigación policial sobre un asunto nacional que debe resolverse dentro la estricta institucionalidad democrática del país.
Quedará como una deplorable mácula en los anales del periodismo boliviano el que nuestros propios colegas tengan que acudir a un extranjero ávido de fama y figuración para recibir desde Europa información de un expediente policial que está a la vuelta de la esquina, en el despacho del Ministro de Gobierno. Sol de Pando requirió un criterio gremial sobre este asunto, consultando la opinión del Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic. “Vamos a convocar a una reunión de Directorio para analizar el tema en el transcurso de la próxima semana y con seguridad emitiremos un pronunciamiento al respecto”, anunció.
La infidencia que ha cometido el ministro Arturo Murillo al entregar por enésima vez información clasificada de la Policía Boliviana a un grupo político extranjero, podría llevar al fracaso tanto la investigación —que aún no concluyó—, como el proceso judicial que debe emerger de las pericias.
Oficiales en servicio activo de la institución policial que mantienen contacto con Sol de Pando, sostienen que la investigación en curso debió mantenerse bajo estricta reserva, como la ley manda, hasta culminar la misma con la imputación respectiva y el pedido de extradición del pedófilo Evo Morales. “La investigación no se reduce a las imágenes y detalles descubiertos en el celular de la señorita Meneses” —nos explica un experto investigador de la Policía Nacional—. “Es un asunto muy complejo que abarca uso indebido de bienes, trata y tráfico de personas, corrupción de menores, abuso deshonesto, incluso secuestro por la forma en que militares sacaron del país a la familia Meneses. Faltan muchas pericias como la toma de declaraciones al ex Gobernador, a los papás de la víctima, y al propio ex Presidente; todo ello va a ser cuesta arriba desde el momento en que se difundió inoportunamente el contenido tan sensible que había en ese celular”.
Según nuestro entrevistado, por la forma sensacionalista en que se está manejando la información desde el Ministerio de Gobierno cohonestando con un medio derechista madrileño, una posible solicitud de extradición de Evo Morales también podría fracasar. “El Gobierno izquierdista de Argentina puede incluso rechazar el pedido de extradición alegando que se está vulnerando los derechos humanos de la víctima, lo cual lamentablemente es cierto. Otra cosa hubiera sido mantener el caso en estricta reserva y poner todos los detalles periciales en conocimiento de las autoridades judiciales argentinas, con todos los protocolos de la confidencialidad y sin la contaminación que ahora está causando la difusión escandalosa del caso desde un ámbito político español”.
La propalación del nombre, la imagen y la identidad de la principal víctima de este caso, además de re-victimizarla, ha violado flagrantemente las normas que protegen los derechos humanos de las personas afectadas. ¿Se aplicarán las sanciones que corresponden?
El artículo 86 de la Ley 348 de Protección a la Mujer estipula que todos los procesos relativos a la violencia contra la mujeres serán de conocimiento público, “resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima”.
El artículo 5 de la Ley 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas establece que el Estado “garantiza la reserva y resguardo de la identidad, la imagen e información de las víctimas de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos”.
La vulneración de aquellos preceptos constitucionales por parte del ministro Arturo Murillo y su vocero español podría ser motivo de una medida cautelar protectiva en favor de la señorita Meneses. Sol de Pando procuró un criterio por parte del Defensor del Pueblo de Cochabamba; lamentablemente el doctor Nelson Cox se negó a atender nuestro requerimiento alegando agenda recargada.
Sin embargo, se va gestando un movimiento de colectivos defensores de los derechos humanos y los derechos de la mujer, para plantear una demanda judicial contra aquellos que están re-victimizando mediáticamente a la concubina infantil de Evo Morales. Consideran que es un daño irreversible que debería inclusive derivar en la destitución del Ministro de Gobierno.
En 2016 aconteció una situación similar con el caso de Gabriela Zapata. La mujer, que en su adolescencia había dado a luz un hijo para Evo Morales, siete años atrás, después se había amancebado con Juan Ramón Quintana formando una asociación delictiva para el lavado de dineros provenientes del narcotráfico y del desfalco de fondos públicos. Era un nexo concreto y puntual entre Quintana y Zapata; pero esa línea investigativa se quebró irremediablemente cuando un ex Jefe Nacional de Inteligencia había propalado televisivamente el certificado de nacimiento del hijo de Morales, desviando la atención sobre el nexo principal. En ese afán se violó flagrantemente la Ley del Niño, la Niña y el Adolescente que protege rigurosamente la imagen y la identidad de los infantes en líos judiciales entre adultos. El caso degeneró en un culebrón sin fin, los delitos no fueron sancionados, Quintana permaneció libre de culpa y Zapata terminó encarcelada injustamente. Y la violación de aquella Ley que protegía a las víctimas, también quedó impune.
Esperemos que no suceda lo mismo en el caso Meneses.
Fotografía hallada en el celular de la concubina de Evo Morales, el pasado 12 de julio.
Fuente: El sol de Pando
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