Por Gregorio Lanza
El dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, días atrás lanzó otra de sus temerarias declaraciones, amenazando al expresidente Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, para que no ingrese al trópico de Cochabamba a hacer campaña. Dice que él no garantiza su seguridad.
¿Acaso garantizar la seguridad de las personas no es una tarea de la Policía, tal como manda la Constitución Política del Estado? ¿Es que existen sicarios bajo el mando de estos dirigentes? Sus declaraciones muestran la intención de amedrentar e incluso afectar la propia integridad del expresidente; es, además un, atentado a la libertad de expresión, circulación y de hacer política.
Lo grave de todo es que no hay ninguna autoridad, ministros, jueces o fiscales que pongan punto final y lo lleven a los estrados judiciales a este personaje... Me pregunto, ¿qué ocurriría si a un dirigente vecinal del barrio X, de una capital de Bolivia, se le ocurre decirle al presidente Evo Morales “mejor no ingrese a mi barrio, pues, como dirigente, no garantizo su seguridad, porque además su candidatura es ilegal? Seguramente, en menos de 24 horas, estaría preso en una cárcel de alta seguridad, acusado de amenaza de magnicidio.
Si nos preguntamos qué develan estas amenazas podríamos responder que estamos frente al accionar de grupos al margen de la ley que se arrogan el derecho de dictar sus normas en lo que consideran su propiedad, su feudo, como en la época de la colonia. O, más bien, que estamos frente a la presencia de un casi “narco-Estado cocalero”, en el que los dirigentes de cada central, sindicatos y autoridades del municipio, son la suprema autoridad del lugar, que tienen su propio código de conducta por encima de las leyes del Estado Plurinacional.
Así, no es de extrañarse que el Alcalde de Colomi, en un acto de entrega de obras con la presencia del presidente Morales, amenazara con enterrar vivos a los opositores que se atrevan a hacer campaña en su territorio. ¿Se habrá acordado el presidente Morales del nefasto suceso de octubre del año 2000, cuando en el trópico de Cochabamba dieron fin de esa manera con la vida del teniente Andrade y de su esposa?
Las declaraciones del Ministro de Gobierno, que ha señalado que en todo el territorio nacional existen las garantías para hacer proselitismo, han sido llevadas por el viento, pues todo indica que carece de autoridad en el Chapare. Pero, demás, cuánta diferencia con sus declaraciones y acciones en contra de los productores de coca de los Yungas, a los que no solamente acusa de haber formado un casi sicariato, sino que ingresan destacamentos policiales a reprimir, vulnerando derechos de mujeres niños y personas de la tercera edad.
¿No será más bien que es en el trópico de Cochabamba donde existe un casi Estado narcococalero que se arroga el derecho de aplicar su ley con sus propias manos? Donde ajustician a gente inocente por la sola sospecha de que pudiera estar robando una motocicleta, ¿No será que así dan señales de que en esa región hay una sola justicia, que es la de los productores de coca y de pasta base?
¿Es que este empoderamiento de la base cocalera estratégica del presidente Evo Morales les da la autoridad para erigirse en un poder supremo por encima de la nación?
Al final del día, contundente fue la respuesta del candidato Carlos Mesa: “Vamos a hacer campaña en el Chapare en los próximos meses; no nos van a amedrentar las amenazas de un partido que se cree dueño de vidas y haciendas, y que lanza estas advertencias porque sabe a ciencia cierta que tiene que irse del Gobierno”.
Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas y exresponsable de Prevención y Atención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo
El dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, días atrás lanzó otra de sus temerarias declaraciones, amenazando al expresidente Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, para que no ingrese al trópico de Cochabamba a hacer campaña. Dice que él no garantiza su seguridad.
¿Acaso garantizar la seguridad de las personas no es una tarea de la Policía, tal como manda la Constitución Política del Estado? ¿Es que existen sicarios bajo el mando de estos dirigentes? Sus declaraciones muestran la intención de amedrentar e incluso afectar la propia integridad del expresidente; es, además un, atentado a la libertad de expresión, circulación y de hacer política.
Lo grave de todo es que no hay ninguna autoridad, ministros, jueces o fiscales que pongan punto final y lo lleven a los estrados judiciales a este personaje... Me pregunto, ¿qué ocurriría si a un dirigente vecinal del barrio X, de una capital de Bolivia, se le ocurre decirle al presidente Evo Morales “mejor no ingrese a mi barrio, pues, como dirigente, no garantizo su seguridad, porque además su candidatura es ilegal? Seguramente, en menos de 24 horas, estaría preso en una cárcel de alta seguridad, acusado de amenaza de magnicidio.
Si nos preguntamos qué develan estas amenazas podríamos responder que estamos frente al accionar de grupos al margen de la ley que se arrogan el derecho de dictar sus normas en lo que consideran su propiedad, su feudo, como en la época de la colonia. O, más bien, que estamos frente a la presencia de un casi “narco-Estado cocalero”, en el que los dirigentes de cada central, sindicatos y autoridades del municipio, son la suprema autoridad del lugar, que tienen su propio código de conducta por encima de las leyes del Estado Plurinacional.
Así, no es de extrañarse que el Alcalde de Colomi, en un acto de entrega de obras con la presencia del presidente Morales, amenazara con enterrar vivos a los opositores que se atrevan a hacer campaña en su territorio. ¿Se habrá acordado el presidente Morales del nefasto suceso de octubre del año 2000, cuando en el trópico de Cochabamba dieron fin de esa manera con la vida del teniente Andrade y de su esposa?
Las declaraciones del Ministro de Gobierno, que ha señalado que en todo el territorio nacional existen las garantías para hacer proselitismo, han sido llevadas por el viento, pues todo indica que carece de autoridad en el Chapare. Pero, demás, cuánta diferencia con sus declaraciones y acciones en contra de los productores de coca de los Yungas, a los que no solamente acusa de haber formado un casi sicariato, sino que ingresan destacamentos policiales a reprimir, vulnerando derechos de mujeres niños y personas de la tercera edad.
¿No será más bien que es en el trópico de Cochabamba donde existe un casi Estado narcococalero que se arroga el derecho de aplicar su ley con sus propias manos? Donde ajustician a gente inocente por la sola sospecha de que pudiera estar robando una motocicleta, ¿No será que así dan señales de que en esa región hay una sola justicia, que es la de los productores de coca y de pasta base?
¿Es que este empoderamiento de la base cocalera estratégica del presidente Evo Morales les da la autoridad para erigirse en un poder supremo por encima de la nación?
Al final del día, contundente fue la respuesta del candidato Carlos Mesa: “Vamos a hacer campaña en el Chapare en los próximos meses; no nos van a amedrentar las amenazas de un partido que se cree dueño de vidas y haciendas, y que lanza estas advertencias porque sabe a ciencia cierta que tiene que irse del Gobierno”.
Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas y exresponsable de Prevención y Atención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo
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