Marchas de periodistas, piquetes de huelga de hambre, recolección de firmas, formales quejas a la SIP, a la OEA, a la ONU. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿La sacrosanta libertad de expresión está en riesgo? ¿Por fin el gobierno del MAS muestra los ribetes autoritarios que por años denunciaron los medios privados? No: se aprueba la ley contra el racismo. La aprobación por la Asamblea Legislativa de la norma contra el racismo y toda forma de discriminación que prohíbe utilizar medios de comunicación para difundir mensajes racistas es la que ha motivado la reacción de los medios opositores en una cruzada inimaginable si no se tienen en cuenta los intereses económicos que están detrás.
Con todo lo que pueda criticarse de ella, la ley contra el racismo era necesaria. Eran varios los casos en que se utilizaban medios masivos de comunicación para atacar la dignidad de las personas. A los infames dizque periodistas Peña y Mendivil, (a Peña lo defendía hasta no hace mucho Llobet) hay que agregar al Iván Castro, autoproclamado filósofo y teólogo que escribía sus sesudas reflexiones en el matutino cochabambino Opinión. Para evitar que semejantes individuos se manifiesten públicamente se incluyeron el artículo 16 y el 23 en la ley contra el racismo. Dichos artículos no prohíben la “libertad de expresión” como afirman los medios privados sino sancionan el ataque racista disfrazado de periodismo.
Como no podía ser de otra manera, la derecha desesperada esgrime el argumento del supuesto atentado contra la libertad de expresión como pretexto para atacar al gobierno. El grotesco espectáculo de periodistas repartiendo poleras, llevando a cabo huelgas de hambre intentando presuntos suicidios, publicando páginas en blanco en titulares, colocando crespones negros por la difunta impunidad del racismo, responde a una política coordinada de sus jefes agrupados en la Asociación Nacional de Prensa. Es un fenómeno que se repite en todo el continente: los jefes de canales de televisión y los periódicos se alinean con la derecha e imponen esa política a sus empleados. Véase el chantaje del que fueron víctimas los estudiantes de la carrera de comunicación de la UMSA por parte de los periodistas de canales privados: Su opinión saldría por la tele sólo si atacaba al gobierno.
Por supuesto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena las sanciones que la nueva ley contra el racismo establece(1). Desde 1950 la SIP no ha dejado de actuar como un partido de clase cuyos miembros son los periódicos más reaccionarios que actúan como un frente único de ataque contra todo gobierno progresista en la región. Más de 1400 periódicos afiliados están a su disposición para tales fines. Fundada en La Habana en 1943 como asociación de la prensa del continente, la SIP se transforma en instrumento de propaganda del gobierno gringo durante el 6º congreso de la Sociedad celebrado en Nueva York en 1950.
Por iniciativa de los organizadores del congreso aquel de 1950 se excluyeron a los medios de izquierda que hasta ese año habían formado parte de la SIP. Las normas internas vigentes hasta entonces que determinaban que cada país tuviera un voto dentro de la organización se modificaron: a partir de esa fecha cada periódico tendría derecho a voto. Y la mayoría de los periódicos allí representados eran estadounidenses(2). Se cambió la sede permanente de la organización llevándola de La Habana a Nueva York. Se dieron casos de periodistas como el cubano Carlos Rafaél Rodríguez, representante del periódico de izquierda Noticias de Hoy, a los que ni siquiera se les permitió ingresar a Estados Unidos para el congreso(3). Con todo esto la reacción que buscaban crear no ha sido la esperada. Más bien los pocos que han secundado esta campaña infame son los viejos políticos derechistas atentos a atacar toda iniciativa gubernamental porque son incapaces de ofrecer una alternativa de desarrollo. A eso se reduce la acción de la derecha hoy en día: un montón de campañas coyunturales sin proyecto de país. Esas campañas mediáticas no demuestran más que su triste fracaso. La desventaja de usar al periodismo como arma política es que por definición este debe estar constantemente actualizado. Y su campaña contra la ley antirracista, una vez aprobada ésta y en plena reglamentación, es ya anacrónica. Patético ver como algunos medios insisten en difundir noticia vieja.
Referencias:
(1) Fortunato Esquivel. La SIP contra la ley antirracista. En: Cambio. 22 de octubre de 2010. Sección A. p 4
(2) En 1950 la SIP estaba conformada por 778 publicaciones. De estas 424 eran estadounidenses.
(3) Historia negra de la SIP. En: http://www.minci.gob.ve/doc/folletolahistorianegradel.pdf
Victor D Luna
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